El Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera, explicó en detalle durante la audiencias las razones por la que tomó la decisión de restablecer los derechos a Silvia Gette Ponce y así asuma de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

Uno de los argumentos es que "sí procede la calidad de víctima a la exrectora de la Universidad" tras hacer un análisis del material probatorio de la Fiscalía para sostener inferencia razonable de autoría o participación de Ramsés Vargas Lamadrid y otros integrantes del entonces consejo directivo de la Universidad, en mayo de 2013, en la que presuntamente se manipularon actas de reuniones en la que resultó elegido Vargas Lamadrid como rector y sacando a Gette Ponce.

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La exrectora, explicó el juez, también presentó denuncia formal porque se habían vulnerados sus derechos al ser sacada de manera ‘ilegal’ y que quedó evidenciado en la formulación de imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado contra Vargas Lamadrid y otros miembros del Consejo directivo de la Universidad. 

Ante ello, consideró que sí existe vulneración de los derechos a la exrectora porque la decisión de nombrar a Vargas Lamadrid la afectó directamente a ella. 

Así mismo precisó que  Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos por el mismo término de la privación de la libertad.

Consideró el juez que la pena ya fue cumplida a la fecha y no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos. 

“Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma”, dijo el juez.

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El togado argumentó que el Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y si ya la pena fue cumplida no se le puede señalar permanentemente.

En cuanto a los estatutos de la Universidad, observó el juez que no existe “inhabilidad por sentencia condenatoria y de existir se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.   

Aclarados estos puntos, el juez consideró restablecer los derechos a Silvia Gette para asumir de nuevo la rectoría de la Universidad.

La decisión es de primera instancia y el representante del Ministerio de Educación y de la propia Universidad Autónoma del Caribe apelaron la misma para que sea revisada por un juez del circuito.